BLINDAJE PATRIMONIAL-MATRIMONIAL: EL ESCUDO LEGAL PARA LA EMPRESA FAMILIAR
La crisis no es la ruptura, sino la indefinición patrimonial. Para el empresario o el profesional con un patrimonio consolidado, el riesgo más grande no es el divorcio en sí, sino el impacto descontrolado de una disolución conyugal sobre los activos que sustentan su negocio o que fueron adquiridos antes de la unión.
La incertidumbre legal puede paralizar una empresa, comprometer la liquidez y poner en riesgo el legado familiar, la clave para la protección reside en comprender y aplicar la línea divisora entre bienes propios y bienes sociales.
En el contexto de una empresa familiar, esta distinción es más que una regla legal; es un mandato de continuidad corporativa.
EL GRAN DESAFIO: BIENES PROPIOS vs. BIENES SOCIALES
La ley es clara al estableces que los bienes propios son aquellos adquiridos antes del matrimonio, así como los que se reciben por herencia o donación. Independientemente del régimen patrimonial elegido. Su esencia es la de ser un patrimonio personal e incomunicable.
Sin embargo, en la práctica empresarial, esta línea se difumina. Un bien propio puede generar ingresos, rendimientos o incrementos de valor durante el matrimonio, convirtiéndose en el epicentro de un litigio, por ejemplo, una empresa fundada antes de la boda es un bien propio, pero las utilidades, dividendos o ganancias generadas durante la vigencia del vínculo conyugal, pueden ser consideradas bienes sociales (o gananciales) y, por lo tanto, sujetas a liquidación.
El verdadero desafío en una disolución no es la propiedad del activo original, sino la prueba y valoración de las ganancias generadas por ese activo, así como la inversión de tiempos y esfuerzo conyugal que pudo haberlo incrementado.
